“Todo suele comenzar con una demanda planteada ante la jurisdicción social por un trabajador autónomo que ha visto rescindida su relación, supuestamente civil/mercantil, reclamando la declaración judicial de que dicha relación debe entenderse de carácter laboral por haber sido realizada de manera fraudulenta…”; en Capital Humano, artículo de nuestros compañeros Cristina Muñoyerro y José Ignacio Ibáñez Múñoz.
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