Las consecuencias sufridas durante la crisis sanitaria ha llevado a un aumento de demandas hacia las Administraciones por el Estado de Alarma. Su inconstitucionalidad ha hecho que muchos bufetes y entidades decidan reclamar responsabilidades ante los tribunales.
Rafael Ariño, socio del área público y regulatorio, explica en El Mundo que pese a la inconstitucionalidad, es probable que estas demandas a las Administraciones no den resultado: "no basta con invocar la inconstitucionalidad del Estado de Alarma: el Tribunal Constitucional ya ha adelantado que la declaración de inconstitucionalidad del Estado de Alarma no presupone obligación de reparar por el Estado, al tratarse de medidas que todos los ciudadanos tienen el deber de soportar. Ésta va a ser la vía de escape estrella que más utilizarán los Tribunales porque la Ley es clara cuando dice que no hay responsabilidad si se trata de daños que todos tenemos el deber de soportar".
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