La reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha anulado la reforma fiscal de 2016 que afectaba al Impuesto de Sociedades. A través de decretos-ley, se limitó el uso de deducciones y bases imponibles negativas en el Impuesto de Sociedades por parte de las grandes empresas con el fin de aumentar la recaudación. Con esta sentencia, se abre la vía a compensar a las empresas afectadas.
Aunque la sentencia no obliga a Hacienda a devolver todo lo recaudado durante estos años, tan sólo indica que la compensación se hará a aquellas empresas que tengan procesos de reclamación abiertos.
Paula Gámez, socia del área tributario, comenta en El Español (sólo para suscriptores del medio): "En 2016 no se recurrió de manera generalizada al recurso. No creo que haya muchos procesos abiertos". Y avisa: "el mayor efecto de la sentencia se experimentará este mismo año, cuando se liquide el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2023".
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