Una vez más se pone de manifiesto la falta de medios en el sector legal, lo que crea retrasos en los procedimientos judiciales causando graves perjuicios a profesionales y clientes.
Emilio Gude, socio del área de litigación y arbitraje, comenta en El Confidencial (sólo para suscriptores del medio) que es una situación de largo recorrido. Que un funcionario se ponga enfermo llega a afectar a la ejecución de una sentencia: "Es un tema de desahucio por precario. El procedimiento judicial ya se demoró tres años, pero finalmente nos dieron la razón. Ahora, llevamos un año solo para la ejecución del fallo", explica y añade: "Como tu funcionario se vaya en junio, ya no ves resolución hasta septiembre. Se te retrasa tres meses, aunque sea un tema muy urgente".
Susana Perales, directora en el mismo área, comenta también que la pandemia no ha ayudado: "Todavía se sigue utilizando la excusa del covid en los juzgados". Si hasta ahora se podía llamar o acudir presencialmente a los órganos judiciales si se necesitaba hacer una consulta o resolver un problema, "ahora no te dejan pasar alegando riesgo de contagio o no te dan actualizaciones del caso porque el funcionario que lleva tu asunto está teletrabajando".
A la falta de medios y mala organización estructural añaden el problema de la temporalidad de los funcionarios como motivo del retrasos en los procedimientos judiciales. Hay lugares que, al no contar con personal fijo, se demora la ejecución y se acumulan los casos: "Como te caiga un asunto allí, puedes estar fácilmente cinco años hasta que se efectúe lo mínimo", confirman ambos abogados procesalistas.
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