La negativa al decreto Ómnibus, incluido por el Gobierno los últimos días de diciembre de 2024, ha dejado sin efecto la prórroga de la moratoria contable. En un principio, el plazo se ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2026, para todas aquellas empresas que sufrieron pérdidas a causa de la crisis sanitaria.
Sin la prórroga de la moratoria contable, estas empresas deberán presentar las cuentas de 2020 y 2021, dejándolas a muchas, en situación de causa de disolución. Esto apunta a que aumentarán las quiebras y cierres de estas compañías.
José Carlos González, socio del área concursal, comenta en El Confidencial (sólo para suscriptores del medio) que, en el caso de las pymes "es más difícil encontrar capital para evitar la causa de disolución. La mera causa de disolución no implica insolvencia".
Y en el artículo se explica: "aunque los administradores deben buscar una solución para no ser responsables solidarios. Por ello, cuando no haya capital suficiente, es probable que opten por solicitar el concurso y evitar responsabilidades".
En España, las pymes son las que más conforman el tejido empresarial, por lo que el impacto del fin de la prórroga de la moratoria contable puede ser muy negativo.
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