La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado su vigilancia a las empresas que se acogieron a un ERTE para hacer frente a la crisis del coronavirus. El objetivo de esta vigilancia es garantizar que no se hacen ‘trampas’ en la paulatina incorporación de los trabajadores afectados a la actividad laboral.
Como destaca La Información, desde el Ministerio de Trabajo consideran que “es crucial que las empresas que se han aprovechado de los mecanismos puestos en marcha para permitirles hacer un paréntesis durante estos meses sin coste adicional respeten al pie de la letra las condiciones de mantenimiento del empleo“. Como apunta el citado medio, parte de estas obligaciones se recogen en el Real Decreto Ley 18/2020.
Cuestionado por el mismo, Guillermo Barrio, Of Counsel del área laboral, apunta: “El Real Decreto Ley 18/2020 distingue entre la fuerza mayor total y parcial a efectos de exoneraciones, pero no hay que confundir estos conceptos con las suspensiones de empleo totales o parciales por afectar a todos o a una parte de los trabajadores de la empresa”.
Como apunta La Información, nuestro compañero destaca que los negocios en los que se hayan diluido las causas que justificaron el expediente por fuerza mayor y puedan recuperar parcialmente su actividad, el empresario deberá ir reincorporando a los trabajadores en la medida que considere necesario, siempre dejando clara su situación mediante una declaración responsable para evitar sanciones por parte de la Inspección.
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