Con el fin de detectar posibles casos de fraude de empresas en situación de ERTE que obligan a sus empleados a continuar prestando servicios, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está solicitando al empresario el registro de conexiones VPN o IP de sus trabajadores.
Así lo destaca nuestro compañero Javier Reyes, abogado del área laboral, en La Información: “Entre la documentación que el órgano inspector está solicitando a las empresas que hayan tramitado ERTE suspensivo o de reducciones de jornada se encuentra el registro de conexiones VPN/IP de cada trabajador, certificado por el operador telefónico de la empresa, es decir, piden saber qué trabajadores se han conectado o no en remoto y disponer de cuánto tiempo ha durado dicha conexión“.
Como destaca el medio, “de esta forma, los inspectores pretenden verificar que las conexiones de los trabajadores a los medios informáticos de la empresa coincidan con la jornada en la que debían haber quedado prestando servicios tras la ejecución del expediente de regulación temporal de empleo”.
Cuestionado por cómo afecta esta exigencia de los inspectores a la protección de datos de los trabajadores, Reyes apunta que “lo cierto es que la dirección IP es un dato de carácter personal, pero el órgano inspector podría exigir su aportación sin necesidad de consentimiento, ya que es requerido para el cumplimiento de una obligación legal, que en este caso se contiene en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.
Pese a ello, nuestro compañero considera que “su aplicación práctica es compleja y, en la mayoría de las ocasiones, arrojará resultados negativos“.
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