La avalancha de ERTEs presentados en los últimos días ha colapsado al Ministerio de Trabajo. Solo en Madrid, los funcionarios se enfrentan a más de 20.000 ERTEs por causa de fuerza mayor, “que deben analizar en un periodo no superior a cinco días o darles cauce de forma directa, sin control previo alguno, en aplicación del principio del silencio administrativo positivo“.
Así lo confirma La Información: “Según el procedimiento establecido por Trabajo, la autoridad laboral debe verificar la existencia de fuerza mayor en los ERTEs y dictar la resolución en el plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud. Pero en estos momentos no disponen de medios para gestionar el volumen de solicitudes“.
En declaraciones al citado medio, Manuel Fernández-Fontecha, socio del área laboral de nuestro despacho, considera que “si bien el silencio positivo opera en el plazo de cinco días desde la presentación del ERTE por fuerza mayor, la Administración está haciendo un importante esfuerzo para contestar a tiempo todas las solicitudes; de hecho ya se están recibiendo numerosas respuestas expresas”.
“Es muy probable que la Administración regule mecanismos posteriores de revisión de los ERTE que se hayan aplicado por silencio administrativo, penalizando aquellos que claramente se hayan instado por esta vía con la finalidad de evitar la obligada negociación con los representantes de los trabajadores”, concluye.
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