El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley que legislará el teletrabajo o trabajo a distancia en España. Sin embargo, aunque la nueva normativa cuenta con la aprobación de los agentes sociales, muchos juristas expresan sus dudas ante “una legislación que amenaza con judicializar el trabajo a distancia por lo poco concreto de su contenido y la falta de detalles“.
Es el caso de nuestra compañera Ana Gómez, socia del área laboral. En declaraciones a El Español, Gómez afirma: “Evidentemente, aumentará la litigiosidad. El Real Decreto-Ley está demasiado abierto. Lo que dice es que hay que compensar los gastos, pero no mucho más. Si las partes no llegan a un acuerdo, esto puede ser un Cristo”.
Nuestra compañera también lamenta que no se haya aclarado qué se puede conceptualizar como gasto: “Por ejemplo, la conexión WiFi. ¿Es un medio o un gasto? Va a haber judicialización, sin duda”.
Sobre la necesidad de que las empresas deban llegar a un acuerdo previo con cada uno de los trabajadores para pactar las condiciones del teletrabajo, Ana Gómez cree que “esto va a llevar a que se genere un caos mayor en los retrasos de la justicia laboral. Antes del RDL, los trabajadores no tenían un mecanismo para acudir a un tribunal para exigir el teletrabajo y las condiciones. Ahora sí se crea ese mecanismo. Con el panorama judicial tan complicado que tenemos, agrava la situación“.
El mencionado Real Decreto-Ley también señala que, mientras dure la pandemia, no se aplicarán estas condiciones del nuevo teletrabajo. “Por la inseguridad jurídica que ocasiona, lo recomendable es que las empresas, aunque no tengan que aplicar la nueva legislación lleguen a acuerdos. A lo mejor no individuales, pero a acuerdos”, sentencia Gómez.
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