La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha condenado al Gobierno cántabro a pagar a una paciente la operación que tuvo que costearse en la sanidad privada. El tratamiento en la sanidad pública no llegaba a tiempo y de no haberlo hecho, hubiese tenido graves consecuencias para la salud.
Alberto Novoa, socio del área laboral, ha comentado esta sentencia en el programa Cuatro al Día: "(El tribunal) Ha considerado que el Gobierno cántabro incumplió su propia ley de respuesta en atención sanitaria, considera que ha habido una situación de inminente urgencia que no ha sido detectada por los servicios sanitarios. Si la administración sanitaria no es capaz de funcionar correctamente, tendrá que correr con los gastos de esa atención básica en los servicios privados de salud".
El retraso de la operación en la sanidad pública cántabra se daba sin ninguna justificación, por lo que la paciente optó por buscar un tratamiento alternativo en una clínica privada. El pago que se le exige al Gobierno cántabro asciende a 11.000 €, el coste de dicha operación.
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