El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana anunció ayer que el Ejecutivo ultima un plan de vivienda pública en alquiler social, un día después, el Boletín Oficial del Estado (BOE) hace una importante aclaración: “En ningún caso, la Administración General del Estado o sus entidades dependientes o vinculadas con competencia en materia de suelo y vivienda podrán ostentar responsabilidades derivadas del derecho de superficie posteriores al inicio del arrendamiento de vivienda en régimen de alquiler asequible o social”.
En declaraciones para El Español nuestra compañera Marta Sanz Diez De Ulzurrun, Socia Responsable del Departamento de Inmobiliario y Urbanismo, analiza esta importante medida que delimita las responsabilidades de los firmantes de los acuerdos de colaboración público-privada: “Si el superficiario construye vivienda social y hace un contrato de arrendamiento con un particular es un asunto suyo en el que no tiene nada que ver la Administración”.
Finalmente, nuestra compañera explica que a partir de esta medida la promotoras “asumen la responsabilidad, el riesgo de la construcción y el beneficio cumpliendo todas las disposiciones”.
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