La incertidumbre jurídica ha hecho a las empresas desconfiar de las ayudas públicas ofrecidas por el Gobierno para paliar los efectos en la economía de las últimas semanas, en su mayoría causados por la guerra de Ucrania. Las diferentes prohibiciones a los despidos que no quedan claras y la posibilidad de tener que devolver la ayuda en caso de incumplir los requisitos hacen que los empresarios se muestren reticentes.
Ana Gómez, socia del área laboral, comenta en Voz Pópuli que "la redacción de la norma no es clarificadora en cuanto a qué debe entenderse por ayuda pública [...] genera muchas dudas la interpretación que debe hacerse del término legal causas relacionadas con la invasión, el cual de un modo poco acertado permite una interpretación extensiva y generando sin pretenderlo una gran inseguridad jurídica". Y añade: "el efecto directo de toda esta inseguridad es que las empresas que son mayoritariamente pymes, y ya vienen aprendidas de la experiencia adquirida durante la pandemia con los ERTEs, ahora pueden preferir sin dudarlo no solicitar las nuevas ayudas, a fin de evitar las servidumbres laborales que este nuevo real decreto ha creado".
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