La crisis del coronavirus también afecta al sector inmobiliario. Como señala Voz Pópuli, en los últimos días “una incipiente cantidad de personas con contratos de arras firmados entre finales de 2019 y principios de este 2020 para la compra de inmuebles, por lo general, viviendas, están consultando vías para forzar una renegociación de los precios o poder postergar o incluso desistir de la compra sin penalizaciones“.
Pero, ¿es posible llevar a cabo algunas de esas opciones alegando la crisis generada por el COVID-19? En declaraciones al citado medio, Marta Sanz Diez de Ulzurrun, socia del área de Inmobiliario y Urbanismo, considera que el estado de alarma actual sí podría dar argumentos a los compradores para solicitar un aplazamiento de la ejecución del contrato de arras, pero no directamente para asumir su resolución sin penalizaciones.
“La no ejecución del contrato sin penalizaciones para el potencial comprador sería solo potencialmente exigible desde un punto de vista legal en el caso de que esa compra estuviera vinculada ya en el propio contrato de arras a una financiación que se ha reducido o eliminado por la crisis del coronavirus”, señala Ulrzurrun. “Por otro lado, no veo margen para exigir legalmente al vendedor un cambio en el precio inicialmente fijado; más bien, aplazamientos”, concluye.
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