Abogados especialistas en reestructuraciones empresariales y financieras

Un proceso de reestructuración empresarial y/o financiera se puede iniciar, no sólo en caso de insolvencia, actual o inminente, sino también cuando sea objetivamente previsible que el deudor no podrá cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles que venzan en los próximos dos años (probabilidad de insolvencia). La anticipación es esencial para obtener el mejor resultado posible.

Es una figura que pueden (o deben en algunos supuestos) designar el deudor o los acreedores (más del 50% del pasivo afectado), y quien debe tener conocimientos especializados, jurídicos y económico-financieros. Además, debe contar con experiencia en reestructuraciones y cuyas funciones son, básicamente: asistir a las partes en la negociación y elaboración del plan; y presentar ciertos informes preceptivos al juez.

De su profesionalidad y experiencia depende, en buena medida, el éxito o fracaso de un proceso de reestructuración empresarial y/o financiera.

El contenido del plan puede ser muy amplio, pudiendo tener por objeto la modificación de la composición, de las condiciones o de la estructura del activo y del pasivo, o de sus fondos propios, incluidas las transmisiones de activos, unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario.

En la práctica, las modificaciones se centran principalmente en el pasivo, sin perjuicio de que en ocasiones también se afecta a la estructura de capital o al activo.

Se puede ver afectados todos los acreedores, menos los créditos de alimentos, los derivados de responsabilidad civil extracontractual y los laborales (salvo contratos de alta dirección).

Ahora bien, el crédito público sólo se puede ver afectado de forma muy limitada (sólo esperas de 12 meses, sin que puedan exceder los 18 meses desde la comunicación del inicio de las negociaciones). También requieren de ciertas especialidades el tratamiento de los créditos ICO.

Para aprobarse el plan de reestructuración, deben formarse las clases de acreedores atendiendo al interés común de sus integrantes (rango concursal, financiero o no, etc.), debiendo ser, necesariamente, los créditos con garantía real y los públicos clases separadas.

El plan se considerará aprobado si vota a favor más de 2/3 del pasivo de cada clase (o 3/4 para las clases de créditos con garantía real), cualquiera que sea el contenido del plan.

No obstante, también cabe que se homologuen planes no aprobados por todas las clases de acreedores, con determinados requisitos y circunstancias.

Se puede impugnar el plan por una serie de motivos tasados, aunque se puede solicitar que se planteen esas oposiciones a la homologación antes de que se dicte el auto correspondiente (vía homologación con contradicción previa), de forma que una vez homologado no sea ya impugnable.

En todo caso, la sentencia que resuelva la impugnación no es recurrible y, si la estimara, sólo producirá como consecuencia que el plan no extienda sus efectos al impugnante. Sin embargo, seguirá siendo eficaz respecto al resto de acreedores, salvo cuando la estimación de la impugnación se base en la falta de las mayorías o en la formación defectuosa de clases que dará lugar a la ineficacia del plan.