Con la llegada de la crisis sanitaria causada por la propagación del COVID-19, muchas empresas se han visto forzadas a implementar el teletrabajo como solución idónea para continuar desarrollando su actividad durante el Estado de Alarma. Sin embargo, aunque muchos expertos consideran que esta modalidad ha llegado para quedarse, la generalización del trabajo a distancia plantea numerosos conflictos laborales que, hasta hace poco, pasaban inadvertidos.
Los gastos que ocasiona para el empleado trabajar desde casa, el control del registro horario por parte de las empresas o cómo puede afectar esta situación a la privacidad y protección de datos de los trabajadores son algunas de las cuestiones que, ante las cada vez más numerosas reclamaciones, las organizaciones tendrán que incluir en sus convenios colectivos.
En declaraciones a Expansión, nuestro compañero Juan Ignacio Olmos, socio del área laboral, apunta: “El teletrabajo ha venido para quedarse. Ya no se trata de posibilidad, sino de aplicabilidad. El cambio de paradigma se manifiesta en que ya no se plantea como una herramienta de recursos humanos sino como un derecho de las personas trabajadoras y una obligación para las empresas“.
Olmos señala además dos aspectos fundamentales de esta nueva realidad: “El control horario, que se aleja de los primeros reparos al año de su aprobación gracias a la utilización de la tecnología; y el uso de herramientas para el desarrollo del teletrabajo. En este aspecto se plantea quién debe asumir los costes derivados para ello. Unos son materiales y sencillos en su adquisición y cuantificación, tales como el ordenador, el software, los auriculares… Y otros, no tanto; referencia efectuada respecto a los costes del teléfono y conexión, principalmente. No cabe duda de la obligación del empresario de dotar a las personas trabajadoras de los medios imprescindibles para el desarrollo de sus funciones. Si a ello le añadimos que el coste hoy es bajísimo, se configura un escenario ideal para asumir sin discusión alguna esos costes“.
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