Durante el acto de apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, Dolores Delgado, Fiscal General del Estado, ha anunciado que en los próximos días dará instrucciones para atajar la okupación ilegal de viviendas, fenómeno al que ha calificado de “delictivo”.
El eterno conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad se ha agudizado en las últimos meses. Por ello, el anuncio de Delgado de que instará a sus fiscales a abordar esta cuestión con una nueva perspectiva ha sido interpretado por muchos como el “fin a esa espera interminable de meses o incluso años en las que se ven los propietarios que quieren recuperar su vivienda”.
Pero, ¿cuáles podrían ser algunas de las mejoras que el sistema plantea, sin tener que abordar un ambicioso cambio de ley? “La ley ya está, existe, sólo es buscar la forma de aplicarla. Si, además de tener la ley, tenemos una circular de la Fiscalía General del Estado, pues mucho mejor, así se da tranquilidad”, apunta nuestro compañero Adrián Dupuy, Socio de Litigación y Arbitraje, en El Español.
En declaraciones al citado medio, Dupuy apuesta por la rapidez y el respaldo a la Policía en estas actuaciones: “Es evidente que en estas situaciones se ha cometido un delito, y si se ha cometido un delito, la Policía tiene que ponerle fin. No puede ser que la Policía reciba unas acusaciones de que han violado los derechos fundamentales o hasta de torturas, como ha pasado en alguna ocasión, cuando en el desalojo hay violencia. Es un tema que se ha dejado hacer y se ha consentido demasiado”.
Cuestionado por la situación a la que deben hacer frente los propietarios, que incluso en ocasiones son denunciados por los propios okupas, Dupuy apunta: “No puede haber resoluciones contra propietarios por cambiar la cerradura si se aplica la ley y se defiende la propiedad”.
Respecto a la táctica de presentación de documentación falsa por parte de los okupas para evitar el desalojo, nuestro compañero es contundente: “Muchas veces, a los okupas les explican que tienen que conseguir un alta de la luz o que les domicilien el agua y se montan unas estructuras para poder justificar la posesión. Todo eso es un absoluto fraude y no se castiga, a pesar de que en un procedimiento se esté aportando un documento falso. Igual hay incluso que pedir a las empresas suministradoras que tengan un mayor rigor en ello”.
Finalmente, cuestionado por la diferencia entre la okupación de la propiedad de una persona física o jurídica, Dupuy afirma: “Es como si por ser una propiedad de una persona jurídica la reacción debiera ser menos alta. Yo creo que no debería ser así, que la propiedad se ha de defender con independencia de quién sea el propietario. No veo por qué la diferencia”.
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