Desde el inicio de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, España ha perdido 1,3 millones de empleos netos. Así, los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre indican que dos tercios de los empleos desaparecidos fueron temporales; mientras que la tasa de destrucción fue del 2% entre los fijos, en los temporales se disparó al 11 %.
Ante esta situación, ¿cuáles son las principales medidas que se deberían impulsar para reactivar el mercado laboral y consolidar el crecimiento del empleo?
En declaraciones a Confilegal, nuestra compañera Ana Gómez, Socia del área laboral, considera que “la grave crisis económica derivada de la crisis sanitaria del COVID-19 está siendo mucho más profunda de lo que nadie podía imaginar y las noticias indican que durará más tiempo del que inicialmente se pensó”.
Nuestra compañera señala que “no deben modificarse aquellos mecanismos que vienen demostrando su eficacia en la protección del empleo vigente y la potenciación de nueva contratación. Hay que innovar legislativamente, pero de forma realista”.
En su opinión, “sí que sería útil revisar aquellas fórmulas legales que en el pasado han propiciado, efectivamente, la generación de empleo nuevo, aunque para ello haya de volverse a promulgar mecanismos de contratación flexible a la vez que renunciar a principios dogmáticos a favor de un contrato de trabajo que basa su estabilidad en la rigidez”.
Cuestionada por el uso masivo del ERTE, Gómez señala que “es necesario dotarles de un marco legal que dé seguridad jurídica a las empresas y a los trabajadores, así como que fije criterios claros para la aplicación por parte de las autoridades laborales de las distintas comunidades autónomas, el SEPE como gestor de las prestaciones por desempleo y la Seguridad Social”.
En cuanto al teletrabajo, otro de los protagonistas de esta crisis sanitaria, nuestra compañera recuerda que “a día de hoy, la mayor parte de dichos trabajadores siguen prestando sus servicios desde sus domicilios privados, para mantener el empleo y evitar los contagios del COVID-19, pero sin un marco legal que dé respuesta a muchas de las cuestiones que se vienen planteando”.
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