Fiscales del departamento de Anticorrupción del Ministerio Público coinciden e insisten en la necesidad de cambiar las leyes para que sea considerado delito el enriquecimiento injustificado de políticos y funcionarios. Es decir, para que se pueda actuar contra aquéllos que trabajan en la Administración cuyo nivel de vida no tenga nada que ver, con los ingresos que proporciona su nómina.
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