Actualmente la legislación vigente no favorece ni fomenta la inversión en creación de empresas, sobre todo en un contexto en el que el modelo tradicional se queda anticuado para los requerimientos de los negocios modernos. La conocida como Ley de Startups pretende agilizar este proceso, especialmente en lo que se refiere a la financiación.
Esther Pérez, abogada del área mercantil, comenta esta ley en su artículo para Economist & Jurist y cómo afectará a la inversión en creación de empresas. En este texto apunta dos causas clave que no permiten avanzar en la creación de empresas. La primera es “la necesidad de disponer de los fondos que los socios fundadores deben aportar al capital social en el momento de la constitución. Estos costes pueden afectar al emprendedor de forma negativa en la creación de su empresa“.
La segunda causa que menciona es la “obligación que tienen los socios e inversores de la sociedad de disponer, de forma previa al desembolso del capital social, de un número de identificación fiscal tanto para personas físicas (NIE, equivalente al DNI de los nacionales) y para las personas jurídicas (NIF, que para obtenerlo también se requiere de la solicitud del NIE de sus representantes cuando estos sean extranjeros)”.
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