En el mes de octubre de 2012, manifestaba en este blog mi opinión sobre el Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, proyecto que finalmente fue aprobado. Leer post.
Recordarán que se desprende de la citada Ley que, lo que se pretendía con su promulgación era que los ciudadanos que recurriesen a los tribunales asumiesen parte del coste que ello implica, a fin de “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. Se preveía que la tasa aportaría unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y concretamente la asistencia jurídica gratuita, indicando, además, que la regulación de la tasa judicial no era sólo una cuestión tributaria, sino también procesal.
En aquellas fechas yo mantenía que realmente era únicamente una cuestión tributaria. Pensaba que esta nueva tasa lo único que iba a conseguir era limitar el acceso a la Justicia a todos los ciudadanos, ya que su finalidad era realmente recaudatoria y disuasoria, siendo sorprendente que se intentase justificar su imposición en la necesaria financiación de la asistencia jurídica gratuita, y la verdad es que me hubiese gustado equivocarme.
Sin embargo, año y medio después, la recaudación de millones de euros con la aplicación de estas nuevas tasas no ha supuesto una mejora de nuestro sistema judicial, ya que continuamos con una escasa plantilla de funcionariado, jueces, secretarios judiciales y fiscales; con los tribunales totalmente colapsados y sin que se hayan renovado los contratos a miles de jueces sustitutos, que llegaban a resolver alrededor del 30% de los pleitos pendientes.
En la actualidad, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la Justicia española se iniciaron 8.636.016 nuevos asuntos el año pasado, un 3,8% menos que en 2012. En 2012 se registró una reducción interanual del 0,7% y en 2011 la tasa fue del -3,8%, idéntica a la conocida ahora.
Por jurisdicciones, fue la contencioso-administrativa la que experimentó una caída mayor, del 15,5%. En el extremo opuesto, las causas de lo social subieron un 2,1%. Por su parte, los asuntos de lo civil se redujeron un 9,2% y los de lo penal bajaron un 2,1%.
Es decir, la subida de las tasas ha provocado que amplios sectores de la sociedad hayan quedado excluidos del sistema legal, e impide a los ciudadanos defender sus derechos ante los tribunales, en especial cuando la parte contraria es la Administración, ya que los recursos contenciosos han caído un 24% en lo que va de año, con respecto a la entrada en vigor de la ley en enero de 2013, según datos ofrecidos por el subsecretario de Justicia Don Juan Bravo en el Congreso.
Pero además, el dinero recaudado no parece que haya mejorado la justicia gratuita. El Ministerio de Justicia ha presupuestado para 2014 invertir 34,1 millones de euros en Justicia Gratuita, poco más del 2% del presupuesto total, y se ignora el destino de lo recaudado en 2013, sin que se hayan resuelto aún los diversos recursos que reclaman la declaración de inconstitucionalidad de una ley que no ha satisfecho a nadie.
Susana Perales
Ceca Magán Abogados
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