El Gobierno ha reclamado al Tribunal Constitucional, a través de la Abogacía del Estado, que anule la junta electoral puesta en marcha por el presidente catalán, Artur Mas, el pasado 3 de octubre. El Ejecutivo ha enviado al alto tribunal un “incidente de ejecución” por el incumplimiento de la providencia dictada el pasado día 29, en la que el tribunal dejaba claro que, con la admisión de los recursos, quedaban suspendidos tanto la ley como el decreto de la consulta y sus anexos, “así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”.
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