El hecho de que la actual crisis haya venido determinada en una proporción nada desdeñable por la debacle del sector financiero y, en particular, por el fiasco que han supuesto algunos de los productos financieros estrella que durante el periodo de bonanza económica se ofertaron de manera masiva al consumidor, ha constituido un importante detonante para que desde la UE –concretamente la Comisión- se estudie seriamente la posibilidad de introducir nuevas reformas encaminadas a potenciar la protección de los derechos de consumidores y usuarios de servicios financieros.
En líneas generales, la orientación de las reformas que se pretenden proponer, se centra en potenciar y mejorar la calidad de la información que es facilitada al consumidor en la oferta de esta clase de servicios, así como un incremento del rigor a aplicar en el asesoramiento que se ha de prestar al consumidor que se plantea la posibilidad de adquirir algunos de estos servicios.
De manera más concreta, el objeto de la reforma englobaría tres normas:
- Una nueva propuesta de Reglamento comunitario de regulación de los requisitos de información en la oferta de productos preempaquetados de inversión minorista.
- Una nueva reforma de la Directiva sobre mediación de seguros, en aras de reforzar la protección de los consumidores –en múltiples ocasiones, no lo suficientemente amparados ante múltiples situaciones de riesgo potencial-.
- Nueva modificación de la Directiva sobre Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, centrada esencialmente en clarificar las tareas y responsabilidades de los depositarios que actúan en este ámbito, así como una mejor definición de la política de retribuciones de los gestores de este tipo de organismos y finalmente una revisión del régimen sancionador aplicable en este marco.