Las modificaciones de la regulación del aborto tienen tendencia a encallar en el órgano de gobierno de los jueces. Si el anteriorConsejo General del Poder Judicial fue incapaz de conseguir una mayoría de 11 votos para sacar adelante su dictamen sobre la reforma Aído, que en 2010 introdujo el sistema de plazos, el actual CGPJ se encuentra partido por la mitad respecto a la reforma Gallardón, que vuelve al régimen de indicaciones y las reduce a dos: la existencia de grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer y cuando el embarazo sea consecuencia de un delito de violación.
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