Recientemente ha sido publicado un informe elaborado por Price Waterhouse Cooper, en el que se pone de manifiesto como más de la mitad de las empresas encuestadas reconocen tener problemas para realizar un adecuado control de los riesgos susceptibles de derivarse su actividad.
Del estudio realizado, se hace especial hincapié en la necesidad de ampliar el ámbito de actuación de las auditorias internas, en tanto en cuanto, la mayoría de estas se centran en el marco financiero y del compliance, obviando factores o elementos que pueden resultar relevantes para poder disponer de una radiografía completa de dichos riesgos potenciales.
Más allá incluso del valor intrínseco que para la salud financiera de una compañía puede tener una buena política de control y gestión de riegos, existe una tendencia cada vez más clara, que apunta a las ventajas competitivas que el desarrollo de una estrategia efectiva de control de riesgos puede suponer para una empresa en su sector de actividad.
Es aquí donde cobra particular relevancia la figura del abogado como auténtico gestor de riegos, y como profesional que, constantemente ha de actualizar su bagaje de conocimientos y su comprensión del entorno político y económico para optimizar el asesoramiento que, a nivel de riesgos, ofrece a las empresas.
Por tanto, es ahí donde cabe reseñar uno de los principales desafíos para la abogacía; la capacidad de poder adaptar el contenido y la calidad de sus servicios de asesoramiento –a nivel de prevención de riesgos- en un entorno cada vez más competitivo, complejo y sofisticado.