Los efectos de la crisis del Coronavirus en España ya son visibles en todos los ámbitos, especialmente en el laboral. Como destaca Iberian Lawyer, “se calcula que solo en el mes de marzo cerraron unas 86.000 empresas y que, desde que comenzó la pandemia, cerca de 3,7 millones de trabajadores se han visto afectados por los ERTE producidos a raíz del impacto del COVID-19 en nuestro país”.
En una entrevista publicada en el citado medio, Enrique Ceca, socio del área laboral, apunta que “ante una situación tan excepcional y sin precedentes como en la que nos encontramos, las empresas se han visto en situaciones muy delicadas dado el potencial peligro de viabilidad de sus actividades a corto o medio plazo con motivo del COVID-19″.
“En un primer momento, se plantearon todas las medidas posibles de flexibilidad interna para atajar esta crisis, salvo que la actividad hubiera sido paralizada por ley en cuyo caso se ha acudido a ERTE por fuerza mayor. Posteriormente, las consultas más demandadas han ido encaminadas a la realización de expedientes de regulación de empleo temporales por causas productivas, tratando de preservar los empleos en la medida de los posible, y manteniendo la actividad empresarial, incluyendo en este periodo las negociaciones individuales o colectivas de reducciones temporales de salario”, continúa.
Cuestionado por la implantación masiva del teletrabajo como mecanismo para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 en el ámbito laboral, Enrique considera que “habiendo podido ser un foco de conflicto importante por la existencia de deficiencias en el entramado normativo dictado al respecto, lo cierto es que los trabajadores y los empresarios han aceptado la implementación del teletrabajo sin excesivo reparo. Sí es cierto que muchos empresarios han aplicado las políticas con mucha urgencia y sin haber respetado escrupulosamente la normativa en materia de protección de datos. Actualmente, en el despacho estamos prestando asesoramiento especializado en esta materia para adaptar las políticas internas a los criterios de la Agencia Española de Protección de Datos y la normativa aplicable”.
Entre otros temas, Enrique también aborda la necesidad de contar con equipos especializados que puedan analizar todas las novedades legales que se anuncian a diario, así como cómo será el escenario post COVID-19 en el ámbito legal y laboral.
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