Se comienza a expandir por toda España la idea de que ahora precisamente cuando han fracasado las negociaciones del Pacto Social, es cuando en realidad debe cada empleador reordenar su negocio conforme a sus auténticas necesidades laborales.
No se trata, por supuesto, de incitar desde aquí a la desobediencia civil a la nueva normativa gubernamental, sino a que como quiera que la misma ha sido corta en intensidad, larga en el tiempo, timorata, con pretensión de contentar a todos y que de hecho ha desatendido casi todas las más importantes facetas de la relación laboral, llega ahora el momento en que cada empresa debe suplir, complementar, adaptar o lo que proceda, la mencionada reforma genérica, a su concreto negocio y plan de viabilidad singular.
El que por ejemplo nada señale la reforma laboral gubernamental sobre los diversos tipos de Convenios Colectivos, es algo que no sólo recomienda, sino que impone cuanto expresamos.
Hemos sido, desde siempre, partidarios de la remodelación (práctica desaparición) de los Convenios Colectivos de Sector; pues en qué cabeza cabe que en cualquier ámbito industrial, agrícola o de servicios, van a tener el mismo margen de masa salarial, de número de empleados, de negocio, de beneficios, todas las empresas, como para tener que regularse por un solo convenio con vigencia indiscriminada lo mismo en Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Castilla-León, o cualquier pequeña localidad o industria familiar.
Los Convenios de Sector, y el mantenimiento de los mismos tras la reforma laboral, son uno de los cánceres que se ha llevado por delante no menos del 50% de grandes empresas y casi el 70% de los negocios de pequeños autónomos, favoreciendo aproximadamente el 35% de los cinco millones de parados reales que sin maquillaje alguno existen en España.
Llega, por ello, el momento de considerar al empresario y sus trabajadores propios, mayores de edad y dignos de ser protegidos mediante la negociación de Convenios de Empresa, donde nada tengan que ver unas Centrales Sindicales y Entidades Patronales, absolutamente ajenas a la realidad de lo que constituye nuestro verdadero tejido industrial. Entidades que, fuertemente subvencionadas por los Presupuestos Generales del Estado (situación inadmisible como ilógica en su mantenimiento) pueden llegar a preocuparse más de su propia supervivencia y de las negociaciones con los grandes comerciantes, que con esa enorme pléyade de pequeños comerciantes, pero que son quienes siguen sosteniendo la maltrecha economía nacional y a quienes todos dan la espalda: Gobierno, Bancos, Instituciones financieras autonómicas, Sindicatos y patronales.
Todo una lástima, por lo que supone de pérdida de una oportunidad espléndida para haber puesto coto y freno absoluto a este atrabiliario proceder.
Esteban Ceca Magán
Doctor en Derecho