El auge de despidos colectivos y negociaciones laborales en los últimos años por la actual coyuntura ha provocado que los despachos hayan reforzado esta práctica, cuyo negocio ha crecido considerablemente.
La mayoría de las empresas contratan a firmas legales el asesoramiento de sus ERE, que han afectado entre 2008 y 2012 a 1,8 millones de trabajadores
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