El 20 de octubre nos levantábamos con la noticia de un nuevo Gobierno. El 31 del mismo mes, el desempleo seguía su espiral alcista. Los efectos de la Reforma Laboral, (Boletín Oficial del Estado de 18 de septiembre pasado), no se hacen notar. Mejor dicho, contribuyen a incrementar sorprendentemente el paro estadístico y real.
Muchos lo habíamos ya advertido: la Reforma Laboral es inútil y lo seguirá siendo a los fines propuestos: generar empleo neto. No se crearán los necesarios puestos de trabajo, cuando en lugar de favorecer la temporalidad en el empleo, única posible en la grave crisis que seguimos atravesando, la legislación pretende incentivar lo que hoy por hoy es un desiderátum: los contratos a jornada completa y por tiempo indefinido.
El desempleo censado ha crecido en octubre de 2.010 en 68.213 personas. Los contratos formalizados en el mismo período han sido tan sólo 1.346.087; es decir, un 3,2% menos que antes de la Reforma Laboral. De los cuales, 118.422 son fijos (un 8,7% del total de contrataciones) y el resto, o sea 1.227.665 temporales (nada menos que el 91,35%). El nivel de desempleo total se encamina ya hacia los cinco millones de personas. Así lo corrobora la EPA del tercer trimestre de 2.010, con una cifra de 4.574.700 parados y con el mantenimiento de la dualidad en el empleo, extremadamente favorecedor de la contratación temporal.
Sorprendió que el ya ex ministro Corbacho, coetáneamente a la publicación de la Reforma Laboral, proclamase ante los medios de comunicación que la misma no generaría empleo; es más, que estaba pensada para la generación neta de empleo a determinado plazo, nunca hecho público.
Contra esa Reforma y con su asistencia personal a la manifestación celebrada en Madrid por las Centrales Sindicales, se posicionaba quien hoy chocantemente ocupa la cartera ministerial de Trabajo e Inmigración.
Podríamos pensar que estamos ante lo que con realismo se debería considerar como el mayor desorden en la política de empleo, si no fuera porque se trata de uno de los bienes hoy más preciados y uno de los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos.
A nadie, por ello, debe extrañarle lo que la cruda realidad nos pone por delante. El despilfarro nacional en las políticas sociales y de empleo, a todos los niveles, se paga con destrucción de empresas y con desaparición irrecuperable de cientos de miles de puestos de trabajo.
El continuo repunte del desempleo, mes tras mes, tampoco constituye sorpresa alguna. Es una prueba palmaria de que los planes del Gobierno son puro espejismo electoralista, y no la solución que de modo global necesita el mercado laboral español. Los datos reseñados en los párrafos precedentes resultan irrefutables.
Si en lugar de liberalizar la contratación laboral, permitiendo que sean a título individual cada empresario y sus trabajadores quienes pacten sus condiciones laborales adecuadas al tiempo actual y a las circunstancias singularísimas de cada compañía, se encorseta la misma limitándola a una Reforma mínima consistente en cambiar en el Estatuto de los Trabajadores unos preceptos por otros, en cuanto a fechas, personas afectadas, número de empleados, plazos o tipos de contratos, tendremos lo que ya resulta extremadamente difícil de solucionar: el mayor volumen de paro real de nuestro entorno.
D. Esteban Ceca Magán
Socio Fundador Ceca Magán Abogados