El gobierno ha comenzado a poner barreras normativas para el greenwashing de las empresas, siempre que se vendan productos con unas características de sostenibilidad que no tengan respaldo científico.
María José Rovira, socia del área medioambiente, explica en ABC que estas directivas "pretende darle información clara, veraz y fundada sobre los productos que hay en el mercado y prohibir las afirmaciones engañosas y sin fundamento".
Y añade: "a partir de ahora un envase no puede decir que es amigable con el medioambiente pero si puede decir que el 50% de sus materiales son reciclados. Aunque en la etiqueta no se pondrá la justificación por temas de espacio, sí habrá una verificación detrás por parte de la Oficina del Consumidor y por las autoridades. Será una especie de inspección de los productos. Muchos ponen ya el 'eco' como un mantra, pero ahora habrá que demostrarlo".
Esto supone que las empresas tendrán que invertir en el etiquetado, tanto si tienen que cambiarlo por no cumplir con las nuevas normas, como si tienen que añadir información para corroborar que sus etiquetas medioambientales son ciertas. Nuestra abogada medioambiental comenta: "toda la trazabilidad de los productos cuesta dinero ya que tendrán que demostrar de forma científica sus alegaciones. Además tendrán que explicarlo de forma que el consumidor lo entienda".
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