Tras la reforma del delito de sedición, se abren las puertas a la reforma de la malversación. De instaurarse estos cambios, se podrían beneficiar más de 30 encausados independentistas por el caso del procés y las consecuencias de esto implicaría reducción de condenas.
Rocío Gil, socia del área penal económico, explica en declaraciones a NIUS que la reforma en su día era "una opción para erradicar la corrupción y proteger el patrimonio público, con independencia de la existencia de lucro personal en la persona que cometía la acción". Y añade que "el bien jurídico protegido es el patrimonio público sin que sea necesario el lucro personal o de tercero".
Con esta reforma, nuestra abogada penalista comenta que: "se elimina el elemento subjetivo del injusto que exigía el ánimo de lucro para entender cometido el delito de malversación, no siendo ahora necesario que exista un beneficio propio o ajeno".
Según los expertos, es posible que esta reforma se apruebe antes de que acabe el año, lo que implicará en 2023 un aumento de las peticiones jurídicas para casos de los encausados en el procés.
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