A través del Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia, el Gobierno ha presentado una serie de normas con las que pretende agilizar e impulsar la eficiencia del sistema judicial español tras el parón efectuado por la crisis sanitaria del Coronavirus. Entre las medidas planteadas, destaca la apertura de los Tribunales durante el mes de agosto.
En declaraciones a LawyerPress, nuestra compañera Silvia Quiles, Manager del área de Litigación y Arbitraje, considera que “las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley siguen sin paliar el principal problema al que se enfrenta día a día la Administración de Justicia, como es el retraso ocasionado por la falta de medios, no por el COVID 19″. “Algunas de las medidas adoptadas no se adaptan a la realidad, resultando una tarea ardua y complicada su aplicación”, continúa.
“Aunque se pretende a través de la Disposición adicional 5ª, y por fin se acuerda dotar de medios e instrumentos electrónicos y sistemas de información necesarios y suficientes, no se concreta, por ejemplo, de qué forma se llevará a la práctica, ni cuál será la partida económica que se destinará a modernizar los medios actuales”, concluye.
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