Hoy, 30 de junio, se celebra por 10º año consecutivo el Día Internacional de las Redes Sociales.
Desde el año 2010 se celebra este día para recodar la aparición de plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Snapchat y muchas otras, como herramientas que permiten a ciudadanos de todo el mundo una mayor y mejor comunicación, mantenerse informados de forma más rápida y veraz, además de su entretenimiento.
Las redes sociales, como medio de comunicación y difusión de información, han favorecido enormemente la democratización informativa, al ser canales descentralizados que permiten al usuario participar de forma directa en la producción de información y utilizar las redes como medio para la expresión de sus ideas y opiniones.
Sin embargo, a pesar de todas las ventajas que ofrecen las redes sociales, este año, el día estará marcado por las últimas campañas de desinformación, a través de las conocidas “fake news”, es decir, los rumores, bulos y noticias falsas, que se han propagado entre la sociedad, en esta ocasión, con motivo de la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.
Así, la OMS ha advertido sobre la lucha contra una “infodemia”, una sobreabundancia de rumores y desinformación, capaz de crear pánico, confusión y desconfianza entre la población, incluso, obstaculizar las medidas de respuesta en materia de salud pública. Tanto es así que, en este contexto, algunas de las plataformas sociales han adoptado medidas para restringir la viralización de las conocidas como fake news o noticias falsas.
En efecto, asistimos a un fenómeno mundial donde la política, la ciencia y la salud son algunos de los objetivos de estas campañas de desinformación, que pueden provocar graves consecuencias.
¿Cómo contribuyen las redes sociales al fenómeno de las fake news?
La existencia de noticias falsas no es una novedad. Sin embargo, no cabe duda de que el uso generalizado de Internet y, en particular, de las redes sociales y otras plataformas de mensajería instantánea ha propiciado un aumento exponencial de estas acciones de fake news, por cuanto a través de ellas se publican y comparten con mucha facilidad y rapidez informaciones y datos, sin contrastar, que pueden resultar ser falsos.
La rápida viralización de los mensajes y contenidos que se consigue a través de las redes sociales puede generar alarma social, desprestigiar la imagen de una persona, empresa o institución, manipular las decisiones de la ciudadanía o, en definitiva, producir un efecto emocional en el destinatario, minimizando la posibilidad de que el mismo procese la información recibida de una manera crítica.
Además, las plataformas digitales propician la creación de perfiles anónimos o falsos y dan lugar a que se utilice, de forma torticera, la tecnología disponible, como, por ejemplo, ordenadores zombis o bots que automatizan la distribución de contenidos, software para ocultar las direcciones IP o los deepfakes – videos manipulados para hacer creer a los usuarios que una determinada persona realiza unas declaraciones o acciones que en realidad no ocurrieron-; lo cual dificulta la trazabilidad de la noticia falsa con su origen.
Noticias falsas y derechos a la libertad de información y libertad de expresión
De acuerdo con nuestra Constitución, el derecho fundamental a la libertad de expresión (art. 20.1.a) ampara cualquier expresión o difusión de “los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio”.
Por su parte, el derecho fundamental a la libertad de información (art. 20.1.d) se refiere al derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, y tiene como objetivo proteger la información sobre hechos. El Tribunal Constitucional ha interpretado que una información es veraz, a los efectos de su protección constitucional, cuando la misma ha sido suficientemente contrastada previamente a su divulgación, aunque la misma pueda contener errores o inexactitudes.
Estos derechos, como cualquier derecho fundamental, no son absolutos, sino que tienen algunos límites, entre ellos, el respecto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
Las redes sociales, si bien han aportado enormes beneficios para el ejercicio de estos derechos por parte de los ciudadanos, también son susceptibles de ser utilizadas de forma ilícita, siendo habituales las intromisiones ilegitimas en el derecho al honor, efectuadas entre particulares o frente a personajes con notoriedad pública. En estos casos, la rápida viralización que se consigue a través de las redes sociales puede generar desprestigiar la imagen de una persona, empresa o institución y, por tanto, producir daños reputaciones de importante trascendencia, tanto que pueden llegar a constituir una conducta tipificada en el Código Penal, tales como amenazas, injurias, calumnias o ciberacoso.
¿Qué podemos hacer ante estas campañas de desinformación?
Tanto a nivel nacional como europeo, los organismos y poderes públicos están desarrollando iniciativas a fin de prevenir, detectar y neutralizar las ofensivas de desinformación en internet y redes sociales.
En este sentido, la Comisión Europea aprobó un Plan de Acción contra la Desinformación en la Unión Europea para poder dar una respuesta coordinada a este fenómeno, y ha activado un sistema de alerta rápida para informar instantáneamente sobre campañas de desinformación e intercambio de datos a fin de tomar decisiones entre los estados miembros. Recientemente, con motivo del COVID-19 se ha pronunciado para emitir las oportunas recomendaciones, y propiciar la participación y colaboración con las plataformas de redes sociales para debatir medidas e intervenciones posibles que promuevan los contenidos fidedignos en detrimento de aquellos que resulten engañosos, ilegales o nocivos.
Igualmente, en España, en el 2019 se constituyó una Comisión Permanente contra la Desinformación y, recientemente, son varias las organizaciones que en relación con la crisis sanitaria se han sumado a llevar a cabo iniciativas relacionadas con la ciberseguridad o facilitar recomendaciones básicas ante este tipo de campañas, tales como el Centro Criptológico Nacional o la Policía Nacional que nos pueden servir para detectar cuando una determinada información pueda ser falsa y tener la capacidad de evitar ser manipulados.
Como resumen de las mismas, estas serían algunas pautas a seguir:
- Analizar la fuente de la noticia que se recibe, de manera que si el perfil o cuenta son anónimos, nos debe hacer sospechar de la veracidad de la información.
- Contrastar la noticia con otros medios y fuentes de información, como pueden ser los medios en los que confíes o fuentes oficiales (autoridades públicas, sitios web de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales pertinentes, etc).
En este sentido, si su organización cuenta con una plataforma digital no tradicional, es importante que incluya enlaces que redirijan a la información de las fuentes originales o sitios de terceros confiables que validen dichos datos.
- Adoptar una posición crítica, por cuanto los medios sociales se sirven de algoritmos para mostrar contenidos personalizados a los usuarios, en función de sus supuestos preferencias, gustos u opiniones.
- Evitar compartir información no contrastada procedente de fuentes dudosas, sobre todo aquella que pueda generar alarma en la población.
En definitiva, en el contexto actual, sumamos un nuevo reto a afrontar por las organizaciones, junto con otros relacionados con la protección de datos personales y ciberseguridad, de los cuales se pueden derivar, entre otras, daños reputaciones de importante trascendencia.
Mireia Paricio y Nelia Álvarez
Área de Tecnología, Innovación y Economía Digital
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